15 de setiembre de 2009

LA CLÁUSULA DEMOCRÁTICA EN DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO

Próximamente el Pleno del Congreso debatirá el Proyecto de Ley Nº 02287/2007-CR de mi autoría, que establece la cláusula democrática en el Perú mediante la obligatoriedad de los funcionarios públicos de renunciar al cargo que desempeñan una vez instaurado un gobierno usurpador.

Esta iniciativa promueve la conciencia en toda la ciudadanía de respetar y defender el sistema democrático, pues reprueba expresamente cualquier toma de poder ilegítima (golpes de Estado) a través del deber de todo funcionario público de no participar o colaborar con un gobierno que no ha sido elegido por la población a través de mecanismos legales.

Para asegurar el cumplimiento de la norma el proyecto prevé las consecuencias de no acatarla, las cuales recaen en la perpetración de delitos, como la omisión de renuncia ante la instalación de un gobierno usurpador, siendo que para el caso de los Altos Funcionarios la conducta se agrava. Esto último tiene fundamento en que dichos cargos tienen directa vinculación de colaboración con un gobierno de facto, ya sea porque ejercen funciones jurisdiccionales, fiscalizadoras, legislativas, entre otras.

La cláusula democrática tiene base en los tratados internacionales sobre derechos humanos que la reconocen y en el derecho de insurgencia reconocido en el artículo 46º de la Constitución. Es una respuesta eficaz para frenar futuras contravenciones al orden constitucional, las cuales en la historia del Perú han sido recurrentes y también recientes, sino basta dar una mirada a la década pasada.

Además, la propuesta permitirá contar con funcionarios públicos de comprobada solvencia moral, lo que repercutirá en un Estado eficiente y respetuoso de los derechos fundamentales.

Como dato final debe saberse que el Proyecto de Ley Nº 02287/2007-CR, que establece la cláusula democrática, fue elegido como una de las cinco mejores iniciativas de la Legislatura 2007-2008 por la prestigiosa institución Reflexión Democrática en su ranking Calidad de Proyectos de Ley.

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